El control vial con radares vuelve a Río Negro, después de 16 años. El gobierno provincial prevé su parcial puesta en marcha en enero, por lo menos en las rutas de la costa. Para eso, deberá apurar los trámites.
Se conocieron dos ofertas en la licitación para la contratación privada del “servicio de captura, digitalización, procesamiento e impresión de notificaciones de infracciones de tránsito”. El plazo del contrato será de cinco años, con una opción de prórroga por otro año.
En Seguridad Vial afirman que el concesionario sólo proporcionará y maniobrará el sistema de radares, asegurando que la infracción recaerá en las autoridades provinciales. El equipamiento -según los pliegos- quedará en el Estado provincial con la finalización del contrato.
Los radares de Valle Medio, polémica, suspensión e incertidumbre. Se prevé controlar excesos de velocidades y el uso obligatorio de las luces bajas, cubriendo rutas nacionales y provinciales en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial. Los radares requieren habilitaciones nacionales (INTI – Comercio interior) y sus verificaciones anuales, pero su aceptación permite su uso por provincia y, también, por los municipios. Aún así, en todos los casos, es la jurisdicción provincial quien autoriza su implementación.
Dos oferentes se presentaron: la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) y la empresa Detectra S.A. que ofertaron quedarse con el 48 y el 50%, respectivamente, de los importes recaudados en concepto de infracciones.
El área de Suministros está evaluando las propuestas y la documentación presentada por los oferentes y en los próximos días se realizará la preadjudicación, una vez que se cumplan todos los plazos legales.
Aval para el uso de radares en las rutas rionegrinas. El subsecretario de Seguridad Vial Marcelino Di Gregorio no arriesgó fecha de inicio aunque indicó que su aspiración es “llegar a enero con uno o dos móviles para poder trabajar”.
El funcionario señaló que “se está preparando un plan de concientización vial, para reforzar lo que está en marcha, sobre todo lo que significa respetar las velocidades máximas permitidas” y, también, “explicaremos cómo será el trabajo operativo en las distintas unidades policiales porque son ellos los que van a trabajar con los equipos”, en referencia al personal del área de Tránsito. La capacitación al personal policial para el uso de los nuevos aparatos también será responsabilidad de la empresa adjudicataria.
La licitación demandará una inversión privada superior a los 70 millones de pesos, que se distribuye en la compra de 8 cinemómetros (radares) fijos, 8 móviles -sin detención del infractor-, 3 móviles con detención, 6 equipos lectores de patentes, 8 controles de luces encendidas, 1 equipamiento y software para el tribunal de faltas y 11 vehículos utilitarios compatibles con el servicio a prestar y el equipamiento a instalar, exigidos en el pliego.
Entre las condiciones previstas en el llamado a licitación es necesario “implementar medidas de control de alta efectividad enfocadas básicamente a uno de los componentes más críticos de la accidentología vial que es el exceso de velocidad que, junto al manejo bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, son los causantes de más del 80% de las muertes en hechos viales”.
Para el funcionamiento de este programa, además de la resolución del ganador de la licitación, está pendiente la puesta en marcha de la Justicia Administrativa de Faltas de Tránsito Provincial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, que tendrá a su cargo todo lo referido al juzgamiento y al cobro de las infracciones.
Cantidades y multas
- Se colocarán 11 radares, entre fijos y móviles, en diferentes puntos de la provincia para controlar velocidades y uso de luces bajas.
- Las multas por exceso de velocidad tiene un valor de 300 unidades, tomando como referencia el precio del litro de nafta Premium de YPF en Viedma.
- El futuro Tribunal de Faltas podrá establecerlas entre un valor mínimo y un máximo, siempre con la nafta como unidad de medida.
- El pago voluntario reduciría la sanción económica a la mitad.
- El Tribunal tendrá 25 días para notificar el infractor, de lo contrario la multa será nula.
- Una vez recibida la notificación, el infractor tiene cinco días para presentar el descargo que crea correspondiente.
El personal es policial y los móviles estarán identificados, todos ploteados con el logo de Seguridad Vial y de la Agencia.
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